Remoción del alcalde John Vinueza y conflictos con los concejales. Conoce el inicio de los escándalos entre las autoridades
El Municipio de Riobamba arde en medio del fuerte frío con la posible remoción del alcalde John Vinueza y la detención de los concejales.
Y todo ha ocurrido en el primer mes de este 2025.
El primer escándalo ocurrió el 19 de enero por la aprobación del informe de remoción del alcalde John Vinueza y el segundo fue el 30 de enero por los allanamientos de la Fiscalía por el caso ‘Altares’.
El pasado 19 de enero de 2025 los concejales removieron al secretario de Concejo, Edison Rosero, y aprobaron el informe de remoción del alcalde John Vinueza.
Antes de esto, los concejales rechazaron la terna presentada por el alcalde para escoger al nuevo secretario de concejo en reemplazo de Ramiro Vallejo, quien renunció a su cargo.
¿Qué causó la remoción del alcalde John Vinueza?
La remoción inició por un pedido ciudadano debido a una presunta irregularidad relacionada con la donación del terreno en el que hoy se levanta la edificación del Centro Forense San Pedro de Riobamba.
Según el concejal Carlos Aulla, presidente de la comisión de Fiscalización, en noviembre de 2023 el alcalde habría firmado un adendum que modificó el contrato original del inmueble.
Y así cambiaría su figura jurídica de comodato a donación, sin contar con la aprobación del Concejo Cantonal.
El 3 de diciembre de 2024, la vicealcaldesa Maritza Díaz convoca a los concejales a una sesión extraordinaria y, para el 4 de diciembre dar trámite al pedido ciudadano.
En dicha sesión, designaron a los concejales que conformaron la Comisión de Mesa:
- Carlos Aulla, presidente de la comisión de Fiscalización,
- Galo Falconí, miembro de la comisión de Fiscalización – ambos aprehendidos y liberados con medidas cautelares en el caso Altares
- Patricio Guaranga.
- Leer más: Concejo de Riobamba forma comisión para remoción del alcalde
Concejales que promovieron el informe de remoción
Durante este tiempo e incluso antes, las tensiones en el Municipio de Riobamba entre los concejales opositores:
- Carlos Aulla,
- Maritza Díaz,
- Galo Falconí,
- Micaela Lema,
- Rafael Quitio,
- Celso Rodríguez
- Nancy Santillán
Fueron constantes con el alcalde John Vinueza.
En reiteradas ocasiones, el alcalde recriminó a los concejales durante las sesiones de Concejo por su negativa a dar continuidad a ciertos procesos.
Uno de ellos fue la oposición a la aprobación del presupuesto del año 2025.
Otro de los casos ‘emblemáticos’ fue la negativa de los concejales a la condonación de los impuestos de SOLCA, pues debían cerca de USD 98 mil en impuestos.
En diciembre de 2025, el Concejo Cantonal no aprobó el presupuesto de 103 millones de dólares presentado por la administración .
Por su parte, los concejales opositores han sostenido que cuestionarán cualquier proceso cuando consideren que no se realiza conforme a la ley.
Alcalde de Riobamba espera decisión del TCE
Regresando al tema de la remoción del alcalde, el 10 de enero de 2024 se llevó a cabo una controvertida sesión que duró casi siete horas.
Simpatizantes de ambos bandos se congregaron en el municipio para manifestar su apoyo.
En la sesión aprobaron el informe presentado por la Comisión de Mesa con siete votos a favor de la remoción y cuatro en contra.
Sin embargo, al no contabilizarse el voto de la vicealcaldesa, la moción fue declarada improcedente.
Tras las acaloradas intervenciones, la sesión fue suspendida por “rebeldía”.
Finalmente, el 19 de enero de 2025, el Concejo aprobó el informe luego de la moción presentada por el concejal Rafael Quito.
En este periodo, la defensa del alcalde, Carolina Moreno, sostuvo que los informes y el proceso estaría ‘viciado’ por errores de forma y fondo cuestionando la legalidad del informe.
El alcalde se mantiene en funciones en espera de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Caso Altares involucra a autoridades y funcionarios de Riobamba
Como se dijo, enero fue uno de los meses más conflictivos que tuvo el cantón, al punto de convertirse en noticia nacional.
Para cerrar el primer mes del 2025, los ciudadanos se preguntaban el por qué la Policía y Fiscalía allanó las oficinas de la dirección de Movilidad.
Así cómo las de cuatro concejales en el Municipio de Riobamba y las viviendas de los mismos y de abogados.
Al mediodía del 30 de enero, la Fiscalía indicó que recopilaron indicios como celulares, laptops, dinero, droga y documentos.
En la tarde se conoció finalmente cuál fue la razón de la presencia policial.
En una rueda de prensa en el Comando de la Subzona de Policía Chimborazo N°3 indicó que el operativo lo llamaron “Altares, Plan Fénix 2.0” en Riobamba.
Esto en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y esa fue la razón de los 13 allanamientos.
Situación de los detenidos tras los allanamiento del Caso Altares
Tras las diligencias informaron que nueve personas fueron detenidas, entre ellas:
- Tres concejales,
- Director de Movilidad,
- Ex asambleísta y exprefecto
- Dos empresarios
- Otros ciudadanos vinculados a la administración municipal.
En la audiencia de calificación de flagrancia realizada la madrugada del 31 de enero, la jueza dictó medidas cautelares a seis de ellos.
Según Fiscalía, la investigación inició tras una denuncia ciudadana de María S. por:
Durante la audiencia, Fiscalía sostuvo que los implicados habrían cometido delitos como:
- Cohecho
- Tráfico de influencias para obtener “réditos económicos”.
Estas actividades ilícitas se habrían llevado a cabo entre 2023 y 2025.
Tras la audiencia de formulación de cargos, el ex asambleísta y ex prefecto de Chimborazo Mariano Curicama, así como el empresario Santiago Oviedo quedaron libres.
Los concejales Edison Tene, Galo Falconí y Carlos Aulla, que fueron aprehendidos son investigados en libertad, pero tienen medidas cautelares.
Para este reportaje, detallaremos quiénes son estos concejales y qué funciones tenían en el Concejo Municipal.
¿Por qué la dirección de Movilidad fue allanada?
En cuanto a la Dirección de Movilidad, esta dependencia municipal ha estado en el centro de la polémica en casi dos años de gestión debido a temas como:
- Colocación de radares
- Concesión con la empresa privada de los terminales intercantonal e interprovincial
- Fiscalización de las grúas
- Cupos para taxis rurales
- Gestión del transporte urbano
Pero, durante todo este tiempo esta dirección ha tenido 4 directores.
El primero fue Cristian Gavilánez que duró en el cargo cerca de un año y un mes.
En su gestión impulsó la colocación de radares o proyectos como ampliación de los horarios de funcionamiento de los buses urbanos y fue parte de la comisión técnica para la concesión de los terminales.
Así como otros temas como un mejor seguimiento al trabajo de los agentes de tránsito.
En noviembre de 2023, el concejal Galo Falconí, presidente de la Comisión de Servicios Municipales (encargada de la gestión de terminales, mercados, etc.) presentó una fiscalización.
La misma que indicaba que los terminales terrestres intercantonal e interprovincial mostraban un déficit en lugar de generar ganancias para el Municipio.
Uno de los proyectos del alcalde John Vinueza era generar las condiciones para que empresas privadas se encarguen de la gestión de los terminales.
Tras la salida de Gavilánez, Santiago Abarca asume el cargo y continúa con los proyectos.
También inició otros como una auditoría de los vehículos retenidos en el Centro de Detención Vehicular. Sin embargo, su salida es abrupta.
En una rueda de prensa del 5 de julio, Abarca aseguró que renunció a su cargo por presunta corrupción.
El ex director explicó que le remitieron documentos solicitando su presencia en la Dirección de Planificación el martes 2 de julio.
El propósito de firmar las convocatorias y dar paso al proceso de los terminales.
Para marzo de 2024 debían receptar las ofertas para continuar con el proceso de concesiones, sin embargo, se presentaron solo 3 propuestas.
Supuestamente, los trabajos debían iniciar en julio de 2024 y desde entonces no se ha vuelto a mencionar dicho proyecto.
¿Quién es Ramiro Vallejo y su vinculación con el caso Altares?
Para este momento, ya pasaba el tercer director de Movilidad, Rodrigo Cáceres, exgobernador de Chimborazo, quien ocupó el cargo durante cerca de cuatro meses, desde julio hasta noviembre de 2024.
La noticia de su renuncia nuevamente causó conmoción en la ciudad, pues los directores designados por el alcalde Vinueza han renunciado en reiteradas ocasiones.
En su lugar designaron a Ramiro Vallejo, pero en días anteriores, en la sesión de Concejo del 30 de octubre, renunció a su cargo de secretario de Concejo para convertirse en asesor del alcalde.
Durante la sesión, tanto el alcalde como los concejales felicitaron la labor realizada y le auguraron éxitos en las próximas funciones.
Posteriormente, en otra sesión del Concejo, el alcalde Vinueza designó las funciones como director de Movilidad.
Hasta los allanamientos del caso Altares, Vallejo seguía con sus funciones en dicha dirección.
Relación entre los concejales y el alcalde
Otro de los conflictos clave que significó un cambio en el manejo de las relaciones de poder entre los concejales y el alcalde fue el 21 de octubre de 2024.
Se conoció que el Concejo Cantonal dio de baja el proceso de contratación del reasfaltado resolviendo cancelar un contrato debido a un presunto caso de corrupción.
El contrato, aparentemente favorecía a Santiago Eduardo Oviedo Moreano, cuñado del concejal Galo Falconí.
El proceso fue sometido a una minuciosa revisión tras revelarse posibles irregularidades y conexiones familiares.
El alcalde John Vinueza en la sesión dijo:
Según el Sercop, Santiago Oviedo, mencionado en la lista, buscaría adjudicarse el contrato con propuestas de 3 diferentes empresas de 35510 participantes.
Desde entonces, en las sesiones de Concejo transmitidas en vivo por la página de Facebook del Municipio se ha notado un cambio en la postura del concejal Falconí en función del apoyo al alcalde Vinueza.
Anteriormente, su respaldo era constante en proyectos como las remodelaciones de mercados.
¿Qué funciones tenía el concejal Galo Falconí?
O en casos como el ‘apoyo’ del alcalde ante los comerciantes del Mercado Mayorista, dado que buscaban regular aspectos relacionados con el cobro del canon de arrendamiento.
Cabe recordar que Falconí fue parte de la Comisión de Mesa para la remoción y voto a favor de la aprobación del informe y en la parte final del proceso.
Su voto por ejemplo, también fue en contra de la aprobación del presupuesto 2025 del Municipio de Riobamba.
Cabe indicar que Falconí llegó al Concejo con la alianza Minga Lista 100 y Avanza lista 8.
¿Qué funciones tenía el concejal Edison Tene?
Algo similar que ocurría con el concejal Tene, que estaría a favor del alcalde Vinueza.
Un aspecto a conocer es que este concejal hasta este segundo año de gestión es presidente de la comisión de Legislación y miembro de las comisiones de:
- Obras Públicas,
- Ambiente,
- Fiscalización,
- Servicios Municipales,
- Movilidad
Este concejal fue elegido por los votantes con la representación de la alianza Minga, lista 100 y Avanza, lista 8.
A modo de contexto, la organización Minga, lista 100 tiene como líder al ex prefecto Mariano Curicama y en las últimas elecciones Santiago Oviedo se postuló como candidato a la Prefectura de Chimborazo.
¿Qué funciones tenía el concejal Carlos Aulla?
En relación al caso Altares y la investigación de los tres concejales, cabe señalar que el concejal Carlos Aulla fue constante en su posición opositora con la gestión del alcalde John Vinueza.
También es miembro de las comisiones de:
- Movilidad,
- Desarrollo de Parroquias Rurales,
- Turismo,
- Igualdad de Género,
- Patrimonio
- Seguridad Ciudadana
En otros datos señalamos que ingresó al Concejo Cantonal con la organización política Cambio, lista 62; así como Maritza Díaz, vicealcaldesa.
Una de sus fiscalizaciones fue con todas grúas que colaboran con la dirección de movilidad, en colaboración con el ECU 911.
Estas personas tenían orden de allanamiento emitidas por la Fiscalía.
Caso Altares: Qué pasó con los demás aprehendidos
El ex fiscal y ahora abogado en libre ejercicio, Mauricio Yánez, defendió a cinco de los investigados en el caso Altares, que terminó con seis involucrados con cargos en contra de la Fiscalía.
Algo que para el abogado es una ‘conversación lícita‘ de un tema político, que no constituye el delito de tráfico de influencias.
En cuanto al constructor Santiago Oviedo, contratista de la prefectura liderada por Mariano Curicama, su abogado Yánez defendió que sus conversaciones expuestas por Fiscalía.
Señalo que corresponden a sus diálogos ‘normales‘ debido a las obras que desarrolla en varias ciudades del país.
Respecto al arma encontrada en su casa, que mereció la apertura de otra causa en flagrancia.
Aseguró que se trata de una pieza antigua de casi 40 años, guardada como adorno y que ni siquiera se sabe si funciona.
Tanto Curicama y Oviedo salieron de la audiencia sin cargos en su contra.