Según la Ley Orgánica del Servicio Público del Ecuador y la propia Constitución de la República del Ecuador, se establece que los servidores públicos gozarán de estabilidad laboral y que sus derechos son irrenunciables, entre los más básicos, el derecho a la alimentación, la educación y la salud.
Pero ¿qué pasaría si se quedan sin trabajo y son despedidos intempestivamente, sin justificación ni fundamentos legales?
Los derechos humanos son irrenunciables y no pueden ser arrebatados, excepto en situaciones específicas y de acuerdo al debido proceso, pero no de manera arbitraria, abusiva, prepotente e inhumana.
En el artículo 229 de la Constitución de la República, se establece que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.
Lo anterior significa que la vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima.
El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
¿Qué derechos tienen el trabajador y el servidor público?
Derecho a trabajar, derecho a retribución económica justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, y derecho a la protección de su familia.
Lastimosamente, ni en la Alcaldía de Riobamba ni en la Prefectura de Chimborazo estos derechos de los servidores públicos están siendo respetados ni considerados, porque se actúa politiqueramente, sin razón ni justicia.
Porque las principales autoridades actúan con revanchismo político enfermizo, porque nadie puede pensar diferente ni cuestionar procedimientos administrativos que no están enmarcados en la ley.
Los despidos intempestivos también tienen su razón de ser: llenar las vacantes para pagar favores políticos y cumplir con quienes trabajaron en las campañas electorales y con aquellos que financiaron para que lleguen a ser autoridades de elección popular.