Precio de carros usados aumentaría por «Ley Antipillos», comerciantes temen impacto en las ventas y cuestionan efectividad de la medida.
Con la Ley Antipillos vigente, el precio de vehículos usados subiría hasta un 5%, generando inquietud entre comerciantes y consumidores del sector.
Desde el 10 de diciembre, la Ley Antipillos, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, introduce un polémico cambio tributario.
El impuesto a la transferencia de vehículos usados, que sustituye la tarifa anterior del 1% con una nueva que puede llegar al 5%.
Aunque su objetivo declarado es combatir el lavado de activos, esta medida ha generado debates tanto en la Asamblea Nacional como entre sectores comerciales.
La Asamblea Nacional archivó inicialmente la propuesta, argumentando que el proyecto no aborda eficazmente el lavado de activos y calificándolo como confiscatorio.
Sin embargo, el presidente Noboa decidió promulgar la ley al enviarla al Registro Oficial, lo que llevó a la Asamblea a anunciar una acción de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ya trabaja en el reglamento para implementar el impuesto, previsto para inicios de 2025.
Comerciantes de carros opinan sobre este apartado de la «Ley Antipillos»
Fausto Noboa, comerciante de vehículos en Riobamba, reflexionó sobre las posibles repercusiones en su sector.
Según el comerciante, la aplicación del 5% obligaría a los vendedores a incrementar los precios para cubrir el nuevo impuesto.
Noboa también destacó que el aumento afectaría directamente a los consumidores, quienes podrían posponer compras mientras esperan estabilidad en los precios.
Además, considera que el impuesto podría perjudicar particularmente a los comerciantes medianos y pequeños, quienes cuentan con un inventario limitado y no tienen el margen necesario para absorber los costos adicionales.
Aunque el gobierno sostiene que la medida busca detectar flujos de dinero ilícito, Noboa mencionó que el enfoque debería estar en supervisar las actividades de todos los comerciantes
Propone que las autoridades dirijan sus esfuerzos hacia comerciantes con altos volúmenes de inventario y examinen el origen de los fondos involucrados.