En medio de denuncias por falta de alimentos en varias cárceles de Ecuador, un equipo de la Presidencia acudió a la Fiscalía General del Estado en Quito, para pedir que se investigue a esta compañía por presuntas irregularidades.
El 2 de mayo, en medio de denuncias por escasez de alimentos en varias prisiones de Ecuador, un equipo de la Presidencia se presentó ante la Fiscalía General del Estado en Quito para solicitar una investigación sobre presuntas irregularidades de una compañía proveedora de alimentos.
La delegada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia entregó un «informe secreto emitido por la CIE (Centro de Inteligencia Estratégica)» para que la Fiscalía tome las medidas correspondientes.
La funcionaria se limitó a ofrecer esta breve explicación cuando fue cuestionada sobre los detalles de la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Por su parte, el asambleísta del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, proporcionó algunas pistas sobre la gestión realizada ese día. Castro mencionó que la información se refiere a una empresa proveedora de alimentos en cárceles ecuatorianas con cuestionamientos en su historial de contratación pública.
Según Castro, a lo largo de los años, se realizaron varias licitaciones para proveedores de alimentos en las prisiones, en las cuales participaron más de 7.000 personas y una sola empresa resultó ganadora.
Castro compareció ante la Fiscalía junto a los legisladores oficialistas César Umajinga y Ramiro Vela. Horas más tarde, la Presidencia emitió un comunicado en redes sociales donde afirmaba que el Gobierno no establecerá contratos con proveedores con posibles vínculos con el crimen organizado y reconoció posibles actos ilícitos relacionados con la empresa Lafattoria S.A.
El comunicado también señaló que cualquier conducta monopólica será investigada y reportada a las autoridades competentes.
Cárceles de Ecuador siguen sin proveedor
Cuando la prensa interrogó a Castro sobre una posible relación entre el exministro del correísmo, José Serrano, y la empresa de alimentación, el legislador de Acción Democrática Nacional (AND) simplemente declaró que el informe es de carácter reservado y secreto.
«No fuimos parte de la Comisión que presenta el informe completo, pero nuestra labor es hacer un seguimiento», agregó Castro, asegurando que no ha tenido acceso al reporte entregado ese día.
Hasta el momento, Lafattoria S.A. ha afirmado que el Estado le adeuda cinco meses y que su éxito en licitaciones pasadas se debe al limitado interés de otros proveedores.
Según un análisis realizado por el Observatorio y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), desde el año 2000 se han registrado al menos 13 acuerdos de pago entre el SNAI y esta empresa, sumando un total de más de USD 77 millones.
A pesar de más de 150 días de la nueva administración, el SNAI aún no ha seleccionado un nuevo proveedor de alimentos para los centros de rehabilitación.
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