La Corte Constitucional (CC) dio luz verde para la despenalización de la eutanasia en Ecuador, tras aprobar la demanda planteada por Paola Roldán, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y exige que el Estado le garantice una muerte digna.
La decisión del pleno contempló 7 votos a favor, uno de ellos concurrente, y dos votos salvados. Con ello, Ecuador se convierte en el noveno país en el mundo en despenalizar la eutanasia.
“Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra”, había escrito Roldán la semana pasada en la red social X.
La demanda de la mujer fue contra el artículo 144 del Código Integral Penal (COIP) que tipifica el homicidio, para que se lo declare inconstitucional. Se pedía que se haga una excepción a la muerte asistida en casos extraordinarios como enfermedades terminales, para que un médico no sea procesado por homicidio.
La Corte Constitucional resolvió este miércoles, 7 de febrero del 2024, la «constitucionalidad condicionada» de este artículo y da paso a la eutanasia activa. Es decir, que un médico la pueda aplicarla.
El expediente llegó al pleno del máximo tribunal de garantías de Ecuador después de que fuese rechazado un pedido de recusación contra dos juezas de la Corte presentado por un colectivo de abogados contrarios al aborto y a la eutanasia.
Requisitos para acceder a la eutanasia
La Corte Constitucional estipula que se debe aplicar la eutanasia en estos casos:
1. Que una persona haya expresado su consentimiento inequívoco, libre e informado (o a través de su representante cuando no pueda expresarlo) para que se aplique el procedimiento de eutanasia.
2. Que el paciente padezca sufrimiento intenso proveniente de una lesión necesariamente de carácter corporal, grave e irreversible,o una enfermedad que sea grave e incurable.
La CC también resolvió que, en un plazo de dos meses, el Ministerio de Salud Pública elabore un reglamento para los procesos de eutanasia activa.
Mientras que, en el plazo de seis meses, la Defensoría del Pueblo presentará un proyecto de ley que regule lo abordado en la sentencia. Y finalmente, la Asamblea tendrá un plazo de doce meses, desde la recepción del proyecto de ley, para debatir y aprobar la ley respectiva.
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