La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe destinado al primer debate del proyecto de extinción de dominio, presentado como urgente desde el ámbito económico por el presidente Daniel Noboa.
La propuesta logró el respaldo de ocho legisladores pertenecientes a las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Construye y de la Revolución Ciudadana. En contraste, el legislador socialcristiano Jorge Álvarez emitió un voto en contra debido a divergencias con los términos del documento.
Durante el debate previo a la votación, algunos legisladores expresaron observaciones que la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango (ADN), señaló que serán objeto de análisis cuando la propuesta regrese al pleno para el informe correspondiente al segundo y último debate.
El informe resultante del proyecto de ley de extinción de dominio, aprobado para el primer debate en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, el 29 de enero, se presenta como una versión dosificada de la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa, la cual fue declarada de carácter urgente desde el ámbito económico.
Los legisladores realizaron modificaciones al proyecto, centrándose especialmente en los plazos para investigar los bienes pertenecientes a líderes criminales. En cuanto a la fase de investigación patrimonial, la comisión no adoptó ni los tres meses propuestos por el Ejecutivo ni los 12 meses solicitados por la fiscal del Estado, Diana Salazar.
En cambio, se debatió sobre la base de un período de seis meses de investigación, a contar desde la conclusión de la fase preliminar de indagación y verificación de bienes. Si los bienes bajo sospecha se encuentran en el extranjero, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de seis meses adicionales, así como un plazo igual en caso de demora en la obtención de información a través de asistencia penal internacional.
Se realizaron ajustes en otros plazos, como el de la notificación del inicio de la investigación patrimonial, que pasó de los 10 días actuales a siete, en lugar de los dos propuestos por el presidente Noboa. Asimismo, se modificó el plazo para fijar la audiencia de extinción de dominio, estableciéndolo en 10 días en lugar de los cinco propuestos por el Ejecutivo.
En su propuesta, el presidente Noboa incluyó una docena de delitos que podrían dar lugar a la extinción de dominio.
Entre estos se encuentran:
- Concusión
- Cohecho
- Peculado
- Enriquecimiento ilícito
- Lavado de activos Producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
- Delitos contra los recursos naturales mineros
- Tráfico de personas
- Extorsión
- Usura
- Asociación ilícita
- Delincuencia organizada
Durante su comparecencia, la fiscal Salazar instó a los legisladores a ampliar el «catálogo de delitos», ya que en muchos casos los delincuentes cambian hacia otras modalidades delictivas que no están contempladas en la ley, pero que, de todos modos, generan recursos ilícitos.
En el borrador presentado por la comisión, se hace referencia a toda actividad tipificada como delictiva, incluso si no se ha dictado una sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley.
La presidenta de la comisión, Farinango, también afirmó que en la normativa que ahora pasará al pleno no se requiere una sentencia ejecutoriada para proceder a la extinción de dominio, ya que este es un tema autónomo.
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