Sentencia por violencia política Tayupanda: Este 24 de enero el Tribunal contenciosos Electoral (TCE) aceptó parcialmente el recurso de apelación de Mónica Loza en contra de Hermel Tayupanda, ambos autoridades provinciales.
Este proceso se desarrolló en cerca de 6 meses en resolverse; el caso de la viceprefecta es la primera resolución a favor de una demanda por la vulneración de derechos políticos.
El tema ha generado varias opiniones, en función del trabajo de las autoridades que fueron elegidas en binomio cuando se presentaron a las elecciones seccionales. Además, es importante resignificar la participación de las mujeres en la vida política.
Desde la perspectiva de Pilar Fernández, coordinadora de la Coordinadora Política de Mujeres, “es necesario que la justicia se imponga ante la verdad y que la sanción se cumpla, porque sienta un precedente de respeto para todas las mujeres que de una u otra manera participan -en política-.
Cada una de nosotras debemos tener ética, profesionalismo y un compromiso social con el pueblo y no con los grupos o familiares”.
En cambio las personas coinciden en que deberían trabajar conjuntamente por la provincia, dado que las necesidades y problemáticas son amplias, pues han pasado 8 meses de gestión y exigen obras que sean visibles. Asimismo, refieren que no es posible que las dos autoridades peleen cuando deberían mantenerse unidos y trabajar de forma conjunta.
En la aplicación del TCE, la resolución indica que el prefecto Tayupanda debe cancelar una multa de 15.700 dólares que irán a las cuentas de multas del Consejo Nacional Electoral en el plazo de 30 días, debe publicar en la página web de la Prefectura el texto íntegro de la sentencia, además de las disculpas públicas en un diario de amplia distribución y organizar un seminario de, al menos, cuatro horas sobre violencia política de género.
De forma enfática, Fernández dijo que la sentencia se debe cumplir a cabalidad, pero también señaló que la lucha de las mujeres en contra de la violencia no debe ser mal entendida. “Las autoridades deben ser éticas”.
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