La Corte Constitucional de Ecuador ha tomado la decisión de pausar la resolución sobre la legalización de la eutanasia en el caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde el año 2020. Paola, quien ha estado postrada en una cama y dependiente de un respirador durante tres años y medio, ha buscado durante los últimos cinco meses el reconocimiento de su derecho a una muerte digna.
La interrupción del procedimiento se originó a raíz de una acusación presentada por la organización Provida, la cual señaló la presunta parcialidad de las juezas Daniela Salazar y Carla Andrade en el caso, sugiriendo que mantenían vínculos de amistad con el abogado de Paola. Las magistradas han respondido a estas alegaciones presentando su descargo y exhibiendo casos previos en los que tomaron decisiones en contra de las causas respaldadas por el mismo abogado de Paola Roldán, como evidencia de su imparcialidad general.
La situación actual del caso recae en manos del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, quien ha instruido la apertura de un expediente para examinar la recusación presentada por la organización Provida. Este episodio ha generado una pausa en el proceso legal y ha levantado interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad del sistema judicial en casos de gran sensibilidad, como el debate sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente.
La espera para Paola Roldán y otros involucrados en el debate sobre la eutanasia en Ecuador se prolonga, a la espera de que se resuelvan las cuestiones planteadas por la organización Provida y se reanude el proceso legal. Este acontecimiento destaca la complejidad y la controversia que rodean la discusión sobre el derecho a la muerte asistida en el país.
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