Alfredo Guzmán, abogado en libre ejercicio profesional de Riobamba, analiza las preguntas tres y cuatro de la Consulta Popular, las cuales se relacionan con la no privación de la libertad o la orden de arresto domiciliario para policías, militares y vigilantes penitenciarios, así como con la posible elevación de la pena. Elevar la pena por terrorismo. Elevar la pena por terrorismo.
3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?
Frente a esta pregunta, el jurisconsulto afirmó que está de acuerdo en que no lo juzguen, pero recalcó que siempre debe existir una investigación previa. Es decir, no deben ser juzgados siempre y cuando, en la investigación previa, se demuestre que utilizaron la fuerza progresiva. Para eso, es necesario llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos, seguida de la investigación, la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Si existen suficientes elementos de convicción, entonces podríamos concluir que se utilizó la fuerza progresiva y que es inocente. Es urgente contrarrestar el terrorismo.
4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?
El COIP, en los arts. 366 y 367, establece las penas, pero creo que se debe aumentar como una medida ejemplarizadora. Además, debería haber una pena perpetua y exigir trabajo al reo. En la actualidad, el financiamiento del terrorismo en forma leve pagará una condena de 7 a 10 años, y si es más grave, la pena será el doble, es decir, 20 años.
Para que la ciudadanía tenga conocimiento, el Gobierno debe socializar las preguntas de la Consulta..