Fernando Vaca, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, manifestó que se encuentran realizando varias acciones a favor de los grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad; y del cumplimiento de políticas públicas.
Con respecto al tema de política pública se ha avanzado en el seguimiento a la agenda cantonal de violencia contra la mujer, un programa que se trabaja con colectivos realizando espacios de capacitación, socialización de la agenda y abordar varios tema en el ámbito de la violencia de género, indicó. Por su lado, se ha trabajado en una política pública, que trata de una ordenanza sobre las personas con discapacidad.
Sobre la ordenanza
Esta ordenanza tiene como objetivo fundamental la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en el cantón y, por ende, hay una serie de disposiciones legales y normativas para garantizar la igualdad de oportunidades, accesibilidad y la calidad de vida de las personas.
De hecho, la Comisión de Igualdad y Género ya realizó la revisión de esta ordenanza y la aprobó el cuerpo normativo para, posteriormente, ser presentado al alcalde. Esta normativa, que se ha venido trabajando desde hace dos años y, ventajosamente, ya sigue el proceso respectivo para, en un futuro, ejecutarlo.
Asimismo, con el tema de movilidad humana se está coordinando con Naciones Unidas para la posibilidad de levantar un diagnóstico para saber cuáles es la situación de este grupo y con los resultados poder trabajar en políticas públicas y cubrir sus principales problemas y cómo poder, de cierta manera, no vulnerar su derechos. Vaca resaltó que tienen un borrador de una ordenanza para tratar este problema. Entre 2022 y lo que va de 2023 se tiene un registro de estatus migratorio de cerca de mil personas que, en la urbe, han llegado a realizar varias actividades, como: cosmetología, barberías, ventas informales, entre otros.
Similar situación, con el consumo de alcohol y drogas, con el propósito de prevenir que más personas caigan en estos vicios, se crea normativas para poder regular el consumo. Por consiguiente, se brinda asistencia en casos de contravención a grupos vulnerables. De lo que va del año se ha tratado setecientos casos, principalmente dirigido violencia de niños en sus hogares y en unidades educativas.
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