“Se podría incrementar la cacería, actividades ilícitas, pesca furtiva y minería, imposible de controlar y tener una capacidad de acción para regularlo”, dijo Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE).
Para saber. Un total de 398 funcionarios del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) fueron desvinculados de sus funciones laborales, este 30 de septiembre. Varios funcionarios (jefes de área, guardaparques, especialistas, técnicos de vida silvestre y forestales) habrían sido notificados, lo cual debilita la institución y el rol que debe tener como autoridad ambiental nacional. “No se han analizado los impactos que puede tener y generar esta desvinculación”, dijo.
Causa. La principal causa para esta desvinculación se debería a una reducción de la masa salarial del Estado, lo cual se lo ha realizado con personal que consta con nombramiento definitivo.
Granda explicó que las plazas que ya han sido terminadas no podrán volverse a contratar, es decir, si en la Reserva “Antisana” se desprenden de sus funciones dos personas, esas plazas no serán repuestas, lo cual “el área queda con menos capacidad de gestión al descontar ese número de personas”, subrayó.
Según los datos de esta disposición y de acuerdo a un análisis técnico de Talento Humano de la institución se han considerado que: en el área técnica son 37 personas desvinculadas por duplicidad de funciones, 70 por no cumplir el perfil, 15 por sobrevalorado; en el área funcional, 42 por tener una nota igual o inferior a 89.99%, 33 por puesto adjetivo en oficina técnica; y, en el área económico, 201 por una reducción presupuestaria.
Pedido. Con estas acciones, la AGE, con fecha treinta de septiembre, emitió un oficio al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, con el fin de exigir, de manera inmediata, la destitución del actual ministro del MAAE, Paulo Proaño Andrade, “el mismo que ha demostrado en varias ocasiones su incapacidad para manejar tan importante cartera de Estado, donde no se toma acción para proteger nuestros espacios naturales y, a su vez, se ha debilitado la capacidad técnica y operativa en las áreas protegidas”, dice.
Consecuencias. Se evidenciaría un franco debilitamiento en la capacidad de acción para realizar el control de vigilancia, monitoreo de fauna, manejo de biodiversidad, educación ambiental y, sobre todo, disminución en la gestión para atender a los turistas que llegan a las áreas protegidas. “Lo que hacían diez personas no es lo mismo que lo hagan cinco”.
Granda: “Como AGE pedimos una reunión con las autoridades y también exigimos que se explique cómo se pretende manejar el MAAE, el cubrir las actividades en territorio…”.
Situación. Por muchos años se manifestaba el aumento de personal, sin embargo, con esta disminución la capacidad de gestión y de reacción será limitada.
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