Por los 199 años de provincialización, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo ‘botó la casa por la ventana’ e invirtió $210 mil dólares en las fiestas.
‘Gratis’. Según el Sistema Oficial de Contratación Pública, la inversión de la Prefectura de Chimborazo, al mando de Hermel Tayupanda, dio espacio a varios eventos ‘gratuitos’, iniciando (21 de junio) con la presentación de artistas en la Unidad Educativa ‘Hermel Tayupanda Cantón Colta’, en el tercer día celebraron junto a coros evangélicos. En el cuarto día (24 de junio) la Prefectura invirtió en 6 artistas, entre ellos Ángel Guaraca, el día tuvo 3 shows artísticos, el ‘Indio Cantor de América’ estuvo en dos.
Artistas. Para el quinto día (veinticinco de junio) la Prefectura puso toros de pueblo en la parroquia Calpi, y el show continuó, pues, luego de una semana nuevamente sobre las tarimas se repitieron artistas como Edison Pingos, y en compañía de María de los Ángeles.
Acción. Después de 9 shows artísticos, música evangélica y más, la Prefectura de Chimborazo decidió cerrar (dos de julio) con la intervención de coros católicos.
Contratista. Según el Sistema Oficial de Contratación Pública, el contrato se le adjudicó al quiteño Carlos Andrés Cárdenas Velásquez, dedicado a la organización y gestión de eventos, a pesar de que el prefecto dijera que la prioridad sería entre chimboracenses.
Hermanos. Los eventos estuvieron a cargo de una Comisión Técnica, la que dirigió Fausto Raúl Tayupanda Cuvi como profesional designado por la máxima autoridad chimboracense, Hermel Tayupanda Cuvi, prefecto de la provincia y hermano de Fausto.
Nepotismo. El abogado en libre ejercicio Marcelo Solórzano explicó que el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público aborda el nepotismo, una figura jurídica que tiene como objetivo evitar las contrataciones de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad por parte de autoridades responsables de una institución y, en este sentido, el Art. 7 establece que aquellos que sean encontrados culpables de nepotismo serán sancionados con la destitución de su puesto, claro está, siguiendo el debido proceso. Además, se les exigirá la restitución de cualquier remuneración pagada a familiares por parte del ente.
Contrastación. Ayer Diario La Prensa solicitó una entrevista al prefecto de Chimborazo, pero no tuvo respuesta.
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