Candidatos a la Asamblea Nacional por Chimborazo presentan denuncias en causas judiciales desde presuntas estafas hasta robo y paralizaciones.
En Chimborazo, el camino a la Asamblea Nacional está marcado por causas judiciales, pues 10 de los 68 candidatos en la provincia enfrentaron procesos penales desde 2014, sin que ninguno haya recibido una sentencia condenatoria.
La mayoría de los casos han sido archivados, y solo uno de presunto tráfico de hidrocarburos sigue bajo investigación.
Los partidos políticos no han quedado exentos de estas vinculaciones. El Partido Social Cristiano (PSC, lista 6), CREO (lista 21) y la alianza Pachakutik y Unidos Somos Más (lista 18-69) presentan en conjunto 6 candidatos con antecedentes judiciales.
El caso de Laura Guato Yupanqui
Laura Guato Yupanqui, candidata del PSC, fue detenida en flagrancia el 18 de diciembre de 2024. La Policía la sorprendió junto a seis personas perforando un poliducto de Petroecuador en Mocha, Tungurahua, en plena madrugada.
Durante la audiencia, su defensa presentó un certificado de candidatura, lo que permitió su liberación inmediata.
Esto se debe a que el Código de la Democracia protege a los candidatos de ser procesados penalmente o privados de libertad desde la calificación de su candidatura hasta la proclamación de resultados. Su caso sigue en investigación previa.
Movilización y procesos judiciales
Carmen Tiupul Urquizo, candidata de Pachakutik y Unidos Somos Más, fue procesada por paralizar un servicio público durante el paro nacional de octubre de 2019.
Según los registros, lideró la toma del edificio de la Gobernación de Chimborazo y los enfrentamientos con la Policía. Sin embargo, en marzo de 2022 recibió amnistía (perdón) junto a otros 267 manifestantes.
Otro candidato del mismo movimiento, Héctor Álex Cepeda, enfrentó un proceso por ataque y resistencia en 2018. Fue detenido, pero la Fiscalía no halló pruebas para imputarlo, por lo que el caso se archivó en 2020.
Acusaciones de corrupción y estafa
Evaristo Isaías Torres, candidato de CREO, fue denunciado en 2021 por presunto tráfico de influencias pues habría ofrecido puestos en la Fiscalía a cambio de USD 3.800. Sin pruebas suficientes, la Fiscalía solicitó el archivo del caso en 2024.
María Eugenia Alcóser (Unidad Popular) fue arrestada en 2023 por un presunto delito de estafa en flagrancia, pero la investigación terminó con su sobreseimiento (término total o parcial) al no hallarse elementos para una acusación formal.
Procesos archivados
María Fernanda Araujo (PSC) enfrentó una querella por calumnia en 2015. Según el portal de la Judicatura, su caso prescribió en 2016 por falta de notificación judicial, ya que no se había notificado a Araujo por no haber señalado casillero judicial.
El historial de algunos candidatos genera dudas sobre su idoneidad para legislar. Mientras los procesos judiciales no han derivado en condenas, su participación en delitos cuestiona los filtros de selección dentro de los partidos políticos.
Patrimonios de los candidatos a la Asamblea por Chimborazo
Mientras que, de los 68 aspirantes 34 han desempeñado cargos en la función pública. Entre ellos, 13 trabajaron en el Gobierno Central, 12 en gobiernos autónomos descentralizados (GADs), 3 fueron asambleístas.
Asimismo, uno de ellos ocupó un puesto en el Parlamento Andino y 5 prestaron servicios en el Consejo Nacional Electoral.
Carmen Tiupul, actual asambleísta que busca la reelección, declaró un patrimonio de USD 13.554. No obstante, según el SRI, entre 2017 y 2023, sus declaraciones de impuestos fueron de USD 0.
María Fernanda Araujo (PSC), también en busca de la reelección, registró un patrimonio de USD 99.000 en 2017, pero para 2023 disminuyó a USD 41.500.
Sus pagos de impuestos fueron nulos entre 2017 y 2021, mientras que en 2022 pagó USD 461 y en 2023 solo USD 160.
Patricia Núñez (RC5), otra legisladora que quiere repetir en el cargo, tenía un patrimonio de USD 96.392 en 2018, pero para 2023 reportó pérdidas de -USD 12.814.
Sin embargo, se encuentra entre los aspirantes con mayor pago de impuestos, con un total de USD 28.540 entre 2017 y 2023. La supera Sonia Alejandra Arguello Luna (Centro Democrático), quien abonó USD 33.692 en el mismo periodo.
Héctor Quiroz (RC), exparlamentario andino entre 2017 y 2021, tiene un patrimonio de USD 18.700 y ha pagado USD 9.765 en impuestos entre 2017 y 2022. Sin embargo, no presentó su declaración en 2023.
Los candidatos a la Asamblea con mayores patrimonios de Chimborazo
El exprefecto y exconcejal Juan Pablo Cruz Carrillo (Cambio) posee el patrimonio más alto entre los aspirantes, con USD 522.922. Sus aportes tributarios ascienden a USD 17.400 entre 2017 y 2023. En este último año, además, pagó USD 7.449 por salida de divisas.
Le sigue Nancy Gloria Alvarado Ramos (PID), docente universitaria de la UEB, con un patrimonio de USD 265.090.
En tercer lugar, Héctor Alex Cepeda Balla, quien reportó USD 220.990 y pagó en 2023 un total de USD 8.959 en impuestos, además de USD 1.144 por salida de divisas.
Entre los exconcejales de Riobamba tenemos a Jorge Abelardo Morocho (Democracia Sí), concejal entre 2019 y 2023, declaró un patrimonio de USD 185.103, pero en 2023 no pagó impuestos. Entre 2017 y 2022 su aporte fue de USD 3.940.
Por su parte, Evaristo Isaías Torres (CREO), quien fue concejal de 2015 a 2019, tiene un patrimonio de USD 31.57 y pagó un total de USD 478 en impuestos en los últimos 7 años, con 2 años sin declaraciones y otros dos en los que el monto fue de USD 0.
Los datos del SRI revelan que 32 de los 68 candidatos en Chimborazo presentaron sus últimas declaraciones de impuestos en USD 0. Además, 21 de ellos omitieron la presentación de sus declaraciones en al menos una ocasión durante el periodo analizado.
Asimismo, 15 candidatos no tienen información registrada en la base de datos tributaria y 6 presentan deudas con la entidad, aunque ninguna supera los USD 300.
El panorama tributario de los candidatos genera interrogantes sobre la transparencia y el manejo económico de quienes aspiran a representar a la provincia en el Legislativo.
Fuente: Fundamedios
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