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LA BATALLA DEL PICHINCHA
José Jara | Enfoque | LUNES 20/5/2019

Enfoque

La Batalla del 24 de Mayo de 1822, con la cual se consagró la libertad del Ecuador, no fue solo un enfrentamiento entre los ejércitos liderados por el mariscal Sucre y por el general Melchor de Aymerich,fue en esencia el triunfo de unas ideas sobre otras. Los ejércitos realistas defendían la idea de una monarquía en el cual el rey, por mandato divino, organizaba y gobernaba la sociedad sin que se reconozca límites a su autoridad, lo cual se concretaba en el llamado “absolutismo” que el rey francés Luis XIV resumió magistralmente en la frase: “El Estado soy yo”. Por su parte, los ejércitos patriotas actuaban con la convicción de hacer prevalecer la ideología liberal nacida del pensamiento que animó la Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y la Revolución Francesa (1789), es decir, la idea central de que cada ser humano nace libre y dotado de atributos inherentes que le confieren dignidad; que el depositario del poder no es el rey sino el pueblo; y que, en razón de estas consideraciones, todo ciudadano tienen derechos que el Estado debe proteger, principalmente relacionados con la vida, la libertad y la propiedad. Tanto “absolutismo” como “liberalismo” tienen muchas otras connotaciones, alcances y derivaciones, que han generado tratados enteros que sustentan cada ideología, pero lo básico, a mi modo de entender, es la contraposición entre arbitrariedad y legalidad. Las guerras independentistas lo que perseguían es que existan gobiernos de leyes, no de hombres, gobiernos sustentados en lo que hoy nuestra Constitución, en su artículo 82, reconoce como “seguridad jurídica”, es decir que el ciudadano tenga la certeza de que vive en una sociedad fundamentada en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En definitiva, lo que celebramos el 24 de Mayo es el triunfo de la voluntad popular de arrebatarle al rey su derecho a hacer lo que le venga en gana y sustituir esa arbitrariedad por la vigencia de un Estado de “seguridad jurídica” que, como nación, debemos esmerarnos en preservarlo y perfeccionarlo día con día.

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