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Derecho de repetición
José Jara | Enfoque | LUNES 13/2/2017

Enfoque

El Art. 11 de la Constitución de la República en los dos incisos que siguen al numeral 9, dice: “… El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligadas a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias o funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos… El Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas…¨ Por otra parte, el segundo inciso del Art. 53 de la Carta Fundamental textualmente dispone: “… El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados…”. Finalmente, el Art. 233 de la Carta Magna determina que ninguna servidora o servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. “Derecho de Repetición” es el derecho que tiene el Estado para cobrar al servidor público la indemnización que ha pagado a un ciudadano por violación de sus derechos o por los daños causados por servicios públicos deficientes o inexistentes. Se concluye entonces que, en el Ecuador, por mandato constitucional, cuando un servidor público actúa incorrectamente y causa perjuicios a los ciudadanos por su negligencia o mala fe, el estado debe pagar a la víctima los daños causados y luego cobrarle al mal funcionario el monto de la indemnización pagada, sin perjuicio que se inicien, de ser el caso acciones administrativas y penales contra el servidor público causante del perjuicio. De la aplicación correcta y cotidiana de las normas citadas depende en gran medida el resguardo efectivo de nuestro derecho a obtener servicios públicos eficientes y de buena calidad, debiendo enfatizarse que, al cargo público le acompaña la responsabilidad como la sombra al cuerpo.

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